En plena crisis de la vivienda, hay quienes están resguardados frente a lo ‘tiranía’ de los precios del mercado. Es el caso de Alicia Conejero y las 19 familias con las que comparte edificio y convivencia en una cooperativa de viviendas en cesión de uso en Barcelona. «Ahora mismo el precio de lo que pagamos aquí es muchísimo más bajo del precio de mercado», reconoce a 20minutos esta barcelonesa de 66 años, que hace ocho se unió a un grupo de personas para poner en pie y gestionar un edificio en el que vivir sin realizar la inversión que requiere ser propietario pero sin depender tampoco de un casero. Se trata de una fórmula a medio camino entre la adquisición y el alquiler que recientemente el Congreso —a propuesta del PSOE y con el único voto en contra de Vox— instó al Gobierno a impulsar como vía para atajar el problema de la vivienda.
En España hay casi un centenar de cooperativas de viviendas en cesión de uso, según datos recopilados por la Red de Redes de Economía Alternativa y Solitaria (REAS) y Alterhabitat. Una de ellas es La Balma, ubicada en el barrio barcelonés de Poblenou y hogar de Alicia. Fue uno de los primeros proyectos impulsados por la asociación Sostre Cívic, dedicada a promover este modelo habitacional en el que un grupo de personas se agrupan para comprar un terreno en el que construir viviendas a través de una cooperativa que se convierte en la propietaria del inmueble y cede su uso a los socios. De este modo, tanto la promoción del inmueble como su posterior gestión se hace de forma colectiva sin que cada vecino sea dueño de su piso a título particular.
«Cada proyecto tiene su propio proceso. Lo normal es que los socios se agrupen y nosotros les acompañamos para impulsar su propio proyecto. Valoramos si a nivel técnico y financiero es viable, por ejemplo. Otras veces tenemos proyectos que se impulsan desde la propia cooperativa sin socios detrás y después vamos a buscar los socios. Eso ahorra toda la fase previa de buscar un suelo y un proyecto arquitectónico, que es ardua porque puede llevar muchos años», explica José Téllez, responsable de comunicación de Sostre Cívic.
La puesta en pie del edificio se financia generalmente por medio de un préstamo de la banca ética y de las aportaciones de los socios, que hacen una aportación inicial como si de la entrada a una hipoteca se tratase y después pagan mensualmente una cuota de uso como si fuera un alquiler, aunque con cuantías menores a lo que supondría una compra o un arrendamiento convencional. En el caso de La Balma, la aportación inicial media fue de 33.000 euros y la cuota media de uso se sitúa en 712 euros. Una búsqueda rápida en los portales inmobiliarios basta para comprobar que en esa misma calle los alquileres superan actualmente los 1.200 euros y los pisos en venta, los 300.000 euros.
«Son aportaciones mucho más bajas de lo que se necesita para comprar una vivienda de mercado con las características con las que tienen nuestras viviendas», asegura Téllez, que señala que el monto inicial se recupera si la persona decide abandonar la cooperativa. El edificio en el que vive Alicia, por ejemplo, consta de 20 pisos de una, dos y tres habitaciones y cuenta con 203 metros de espacios comunitarios. «Tenemos un espacio común por cada planta, la azotea con placas solares y un local en la planta baja en el que hay una cocina comunitaria, un taller y un baño de cortesía», explica la barcelonesa.
Alicia vio en este modelo habitacional una forma de evitar la especulación. Recalca la ventaja que la cesión de uso por tiempo indefinido supone frente a un contrato de alquiler y se confiesa sorprendida por la vida en comunidad que se ha generado. «Tienes un sitio que puedes pagar y en el que puedes quedarte de por vida mientras tú quieras. Eso te da seguridad y te permite hacer planes de futuro, que evidentemente para la gente joven es muy importante», subraya, alegrándose de que en los cuatro años en los que lleva viviendo en el edificio las familias hayan crecido y haya ya 13 niños.
Decisiones colectivas
Las clave para lograr esos precios más asequibles está en la autopromoción del edificio y en que no se busca ningún beneficio económico. «Al hacer una cooperativa que nos provee de vivienda a un colectivo, evitamos promotoras y ahorramos bastante dinero porque no hay lucro, se hace a precio del coste de la vivienda y el grupo toma todas las decisiones sobre qué materiales, qué estructura, cómo se configura todo… porque el espacio se diseña de acuerdo a sus necesidades», explica Rubén Méndez, responsable de la Secretaría Técnica del Grupo de Vivienda Cooperativa en cesión de uso de REAS.
La otra gran característica de este modelo es la autogestión, dado que cada cooperativa decide cómo organizarse, por ejemplo si todos los socios pagan la misma cuota mensual o si se fijan diferencias en función de la renta y en cuánto establecer la cuantía. Generalmente el monto que los residentes abonan cada mes se destina a pagar los intereses del préstamo con el que se financió la construcción y a mantener el edificio y los gastos comunes que puedan existir, como agua, internet, calefacción o incluso el servicio de gestoría para llevar las cuentas de la cooperativa, por ejemplo.
El edificio cuenta con espacios comunitarios para lavadoras y tendales.
A largo plazo ese precio que pagas al mes, si lo extiendes en el tiempo 30, 40 o 50 años se separa mucho de los precios del mercado», destaca Méndez. «Si hace 30 años hubiésemos generado un proyecto, ahora mismo se podrían estar pagando 300 euros al mes en un proyecto totalmente privado sin ayudas públicas, cuando en el mercado los alquileres superan los 1.000 euros», ejemplifica.
Esa autogestión requiere el compromiso de los residentes. «Vivir en un proyecto de este tipo te exige colaboración», reconoce Alicia, que explica que todas las decisiones se toman de forma conjunta. En su edificio se celebra una asamblea cada mes, a la que se suma la labor de las comisiones y los grupos de trabajo, que se encargan de mandatos concretos, como poner a punto las zonas comunes, por ejemplo. «No es una comunidad de vecinos al uso, porque además hacemos muchas cosas en común. Tenemos jornadas de trabajo, comidas comunitarias… muchas actividades que no son obligatorias», añade.
Más inversión
Por el momento, las iniciativas de este tipo son aún testimoniales, aunque tanto Téllez como Méndez detectan un interés creciente por las cooperativas de viviendas en cesión de uso. «Hay un interés muy grande, sobre todo de gente que se siente expulsada del mercado de compra, porque los ahorros que tienen no les sirven para comprar algo con un mínimo de calidad», señala el responsable de comunicación se Sostre Cívic. «Venimos de un momento en el que había muy pocos proyectos y muy pocas administraciones públicas que lo estaban impulsando y ahora estamos en una fase de apertura. Poco a poco va habiendo más interés, también coincidiendo con que la crisis de la vivienda está obligando a buscar soluciones», coincide el responsable de REAS.
«En las últimas décadas hemos delegado la generación de vivienda en que o la administración pública hace vivienda o no la hace y tengo que ir al mercado, a un mercado que está totalmente alocado e inmerso en una rueda especulativa que no cesa, pues aquí hay una tercera vía a través del empoderamiento social», defiende Méndez, que recalca que las cooperativas en cesión de uso contribuyen al interés general no solo al proveer vivienda por debajo del precio de mercado, sino también al generar comunidad y dinamizar los barrios, de ahí que reclame el apoyo de las administraciones públicas para conseguir proyectos incluso más asequibles. Recuerda que construir sobre un suelo de cesión pública o contar con ayudas para la financiación, por ejemplo, abarata los costes.
El responsable de REAS llama también a mejorar el acceso a financiación. «Ahora mismo el estándar es de 30 años. A nosotros como cooperativa nos interesaría que se financiara a más largo plazo. Si tú no eres propietaria, no necesitas quitarte el préstamo, sino que sea más económico cada mes. Teniendo en cuenta que es una cooperativa que va a existir para siempre, podríamos estar con préstamos de 40 o de 50 años y en vez de pagar 700, pagar 400 euros al mes», ejemplifica, al mismo tiempo que reclama un tratamiento fiscal adecuado al impacto social que se genera, por ejemplo bajando el IVA de la construcción del 10% al 4%.
Fuente: 20 minutos.es